FIN DE LA CITA

No soy partidario de sacar a relucir constantemente las peculiaridades sociales, políticas y económicas de España como ejemplo de nuestra supuesta y irresoluble anormalidad: la historia contemporánea nacional sólo ha presentado una gran anomalía insalvable respecto a los patrones europeos, y esta fue la dictadura del general Franco. Ni antes, ni mucho menos después, las divergencias con Europa fueron tan acusadas como se cree popularmente.

Sin embargo, debo reconocer que nuestra cultura política vigente es bastante particular en comparación con los estándares de las democracias más asentadas del mundo occidental. La negativa de Mariano Rajoy a dimitir por el caso Bárcenas es el ejemplo paradigmático de cuanto estoy diciendo.

No sabría determinar si dicha singularidad es consecuencia de nuestro irrenunciable carácter latino, del todavía pesado recuerdo del régimen franquista o del imperfecto modelo constitucional. Lo que sí querría destacar es cómo en España, a diferencia de lo que sucede en otros países de mayor tradición democrática, no distinguimos con claridad entre responsabilidades penales y responsabilidades políticas. Digo más: la cultura política española ha llegado al punto de subsumir el concepto de responsabilidad política dentro del concepto de responsabilidad penal. Es decir, que aquí ningún dirigente político asume sus responsabilidades hasta que no lo decide un magistrado. Y esto, que ya me parece suficientemente lamentable, llega a ser francamente peligroso cuando los jueces cuentan con tan poca independencia respecto del poder político. Véase el caso de la filiación partidista del Presidente del Tribunal Constitucional, que en cualquier otro lugar sería escandalosa.

La sesión parlamentaria de ayer puso de manifiesto una triste realidad: la existencia innegable de una serie de deficiencias democráticas difícilmente corregibles que anulan la legitimidad no sólo del Gobierno actual, que carece de ella desde su formación; sino del Régimen del 78 en su conjunto.